Guatemala
es quizá una de las naciones latinoamericanas con una de las historias
políticas más complejas y violentas de los últimos tiempos. Parte de su población
quiere olvidar la guerra civil de 36 años, las dictaduras, y dejar atrás su terrible
pasado, mientras que otros se esmeran por traer a la luz y castigar a aquellos
que en algún momento causaron sufrimiento a su propia gente, a la vez que otros
excusan estos actos. Desde que acabo la
guerra civil en 1996 y especialmente desde las elecciones democráticas de 2011 Guatemala
ha visto prosperidad; sin embargo, en los últimos días los recuerdos de días
difíciles bajo el régimen del ex-dictador Efraín Ríos Montt, quien estuvo en el
poder de 1982 a 1983, han venido a revolver
y dividir los ánimos de algunos sectores del país nuevamente.
El 10
de Mayo de este año un anciano Ríos Montt fue condenado a 80 años en prisión
por crímenes de genocidio, siendo esta la primera vez que un ex-gobernante
guatemalteco es encontrado culpable por crímenes contra la humanidad. Controversialmente las noticias más recientes
informan que un grupo de empresarios,
aglomerados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras, consideran que la decisión del
Tribunal de condenar al octogenario Ríos Montt ha sido una equivocación.
Esta defensa
a favor Ríos Montt ha causado indignación
y ha alarmado especialmente a la población indígena del país que es la que fue
mayormente afectada durante el gobierno de 17 meses de Ríos Montt. En un comunicado emitido el pasado domingo y
publicado en la página del comité de empresarios, el grupo dijo: “No se ha
demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo
étnico particular”. Además agregaron que hubo intervención e influencia
extranjera presionando para condenar al ex-gobernante.
Desde
enero de 2012 Efraín Ríos Montt ha aparecido en las cortes guatemaltecas y en
el proceso se lo trató por miles de muertes, violaciones y desplazamientos
indígenas. Finalmente luego de casi cuatro meses de litigaciones Ríos Montt fue
encontrado culpable de que durante su régimen de facto se mataran a 1.771 indígenas
y se desplazaran a casi 30.000 más.
Rigoberta Menchú, indígena
guatemalteca y premio Nobel de la Paz de 1992 , quien ha trabajado primordialmente
por la justicia social y respeto étnico-cultural de los indígenas guatemaltecos
estuvo presente en el momento de la sentencia y se mostró complacida con la
decisión del Tribunal.
La Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay
celebró el desarrollo pacífico del juicio y declaró: "A pesar de todos los
obstáculos, interrupciones y numerosas impugnaciones legales que retrasaron el
juicio, Guatemala ha demostrado al mundo y a su propio pueblo que es posible
confrontar los crímenes del pasado y hacer justicia".
El espacio físico del
tribunal que sienta a alrededor de 400 personas tuvo alrededor de 600 personas
según miembros de la prensa, y cuando la sentencia fue dada se escucharon
llantos de alegría y las palabras: “Justicia, Justicia” y “Sí, fue genocidio”. Aunque el Tribunal ordenó disculpas oficiales
y sugirió que el 23 de marzo,
aniversario del golpe de Estado de Ríos Montt en 1982, sea declarado Día Nacional contra el Genocidio, y reconoció que miles de indígenas
fueron asesinados, atacados física y/o sexualmente y despojados de sus
propiedades, el gobierno no dará
compensación económica o de tierras, siendo entonces la condena de Ríos Montt un
acto más simbólico que nada. Sin embargo, en un país donde el sistema de justicia
ha sido y es todavía frágil los eventos acontecidos son una demostración de esperanza
y ejemplo, y un freno a la impunidad.
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